El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito
Nacional encargado de conocer la etapa preliminar o juicio a las pruebas
del caso Antipulpo, Deiby Timoteo Peguero Jiménez, dispuso que el
Ministerio Público habilite un espacio con computadoras en la cárcel de Najayo
para que los imputados y sus abogados pueden revisar el expediente, que consta
de 103 mil páginas, entre acusaciones y pruebas.
Las pruebas y evidencias presentadas por el Ministerio
Público ocupan aproximadamente 194 gigas de memoria, aclaró el titular de la
Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa
(Pepca), Wilson Camacho, quien dijo, además, que el Ministerio Público no se
opone a que los imputados tengan esta facilidad.
"El Ministerio Público no se opone (a que
los imputados conozcan las pruebas) porque ese es su derecho y es evidente que
el Ministerio Público ha depositado un huracán de pruebas en este proceso. Un
huracán categoría cinco y es proporcional que la defensa tenga la oportunidad
de revisar este torrente", expresó Camacho al salir
del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El Ministerio Público deberá, por orden del
juez, habilitar un espacio en la cárcel para que se reúnan los abogados y los
imputados a revisar los cargos.
Para el próximo 21 de febrero, a las 9:00 de la mañana, fue
fijada la revisión obligatoria del caso.
Los abogados de los distintos acusados señalados en esta
investigación contra la corrupción, que abarca el periodo
2012-2020, se mostraron complacidos con la decisión.
José Miguel Minier, abogado de Fernando Rosa, afirmó que en
la cárcel de Najayo Hombres el Ministerio Público habilitará un lugar para que
los señalados y sus representantes legales puedan leer las pruebas.
Además, manifestó que el juez calendarizó las audiencias
para que, a partir del primer lunes de abril, todos los lunes, se pueda avanzar
en el caso.
Dijo que existe la defensa técnica que la ejercen los
abogados y material, que la ejercen los imputados, que se facilitará con esta
decisión del juez.
Por su parte, el abogado de Aquiles Cristofer, manifestó
que existen señalados que aún no han recibido la acusación, pero vio la
decisión como correcta.
Carlos Salcedo, abogado del principal imputado, Juan Alexis
Medina Sánchez, valoró que se dé un día y que se habilite un puerto USB
para colocar memorias, a fin de que los acusados y sus defensas puedan analizar
la acusación.
En la red de supuesta estafa contra el Estado, además de
Alexis Medina figura su hermana Carmen Magaly Medina Sánchez.
Asimismo, son acusados Fernando Rosa, quien dirigió el
Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. También
Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher,
fiscalizador de esa unidad estatal.
La acusación incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo
Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al
excontralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago, entre
otros más.
La acusación aporta evidencias de cómo el entramado
societario vinculado a Alexis Medina Sánchez se benefició de
una relación ventajosa con el Estado, a la vez que destinaba fondos millonarios
a través del movimiento “Tornado Fuerzas Vivas” para diversos candidatos
políticos del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
incluyendo campañas de Danilo Medina Sánchez y Gonzalo Castillo.
El expediente dice que el supuesto entramado de corrupción de
los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas
utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos
costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados,
equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada
por el Estado.
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